- Operadores del transporte público que conduzcan un vehículo pirata serán sujetos de una sanción de seis meses hasta dos años de prisión y una multa de hasta cien veces el salario mínimo
- Con esta reforma, promulgada a iniciativa de los diputados Óscar Martínez y Juan Manuel Gastélum, transportistas de la ciudad se suman al esfuerzo del presidente municipal Jorge Ramos por mejorar la calidad en el servicio del transporte público
Tijuana, B. C., 27 de octubre de 2010.- Con el objetivo de combatir la piratería y clonación de permisos en el servicio de transporte público de pasajeros en cualquiera de sus modalidades, la Dirección de Vialidad y Transporte realizará operativos de verificación en la ciudad.
En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, Raúl Corona Sesma, anunció que con la tipificación de la piratería y clonación de permisos fueron tipificados como delitos graves, quien preste el servicio de transporte público en cualquiera de sus modalidades, en forma irregular será sujeto de una sanción de seis meses hasta dos años de prisión y una multa de hasta cien veces el salario mínimo.
"En la ciudad tenemos demasiados taxis piratas, transportistas que clonan el permiso o duplican la unidad, en inclusive delincuentes que utilizan las unidades para cometer algún delito. No se puede seguir tolerando esta situación", dijo.
Refirió que con la adición del Capitulo V al Título Primero de la Sección Tercera del Código Penal de la Constitución Política del Estado, el gobierno municipal cuenta ya con una herramienta legal para combatir esta problemática y brindar mayor seguridad al usuario del transporte público.
El funcionario municipal explicó que con esta iniciativa, además de desaparecer los vacíos legales en la Ley General de Transporte Público y el Reglamento Municipal, se da cumplimento al reordenamiento en la materia, propuesto por el presidente municipal Jorge Ramos.
"El próximo primero de diciembre estaremos entregando al alcalde electo Carlos Bustamante y a la ciudadanía un transporte público seguro y de calidad", comentó por su parte el director de Vialidad y Transporte, Jorge Alberto Gutiérrez Topete.
Dijo que para erradicar esta problemática, será necesaria la participación de la ciudadanía a través de la denuncia, dado que como parte de estos operativos los operadores del transporte público que sean identificados a bordo de un taxi pirata serán remitidos al Ministerio Público.
El director de Vialidad y Transporte Municipal, refirió que actualmente se cuenta con un padrón estimado de 13 mil 649 unidades, entre taxis libres, autobuses de transporte colectivo, personal y escolar, y grúas.
De igual manera, reconoció que cerca de 3 mil 400 unidades piratas circulan en la ciudad de manera irregular.
Gutiérrez Topete reiteró que como parte de estos operativos, encabezados por personal de la Dirección de Vialidad y Transporte y corporaciones policíacas de los tres órdenes de gobierno, los choferes que sean sorprendidos serán remitidos al Ministerio Público.
En caso de no presentar la documentación probatoria correspondiente, podrían enfrentar el decomiso del vehículo.
El funcionario municipal exhortó a la población a denunciar a aquellos vehículos que no cuenten con placas vigentes, taxímetro y la identificación correspondiente.
Añadió que como parte del reordenamiento del transporte público propuesto por el presidente municipal Jorge Ramos, la Dirección de Vialidad y Transporte enfrenta un proceso de certificación ISO 9000, por lo que en los próximos días los permisionarios y operadores recibirán un tarjetón dotado con 20 mecanismos de seguridad.
Capítulo V
Delitos contra la prestación de un servicio público
Artículo 250.- Tipo y punibilidad. Se impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de hasta cien veces el salario mínimo vigente en el Estado a quien preste el servicio público de transporte de pasajeros en cualquiera de sus modalidades, sin que exista el correspondiente permiso o concesión vigente o bien contando con dicho documento, lo realice en un vehículo diverso al autorizado.
En cuanto corresponda al operador de un vehiculo irregular que demuestre ser ajeno a tal ilícito sufrirá la sanción administrativa que la Ley General de Transporte Público del Estado de Baja California y el Reglamento Municipal.
El pasado 15 de octubre, en el periódico oficial del Estado se publicó el decreto número 44 donde la XIX Legislatura aprueba la adición de un Capítulo V al Primero de la Sección Tercera del Código Penal en el Estado.
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